La estrategia de la SGAE
27 de Junio de 2007 por José Luis GarcíaVuelvo a hacer referencia a un post de Mangas Verdes, concretamente al titulado La SGAE insiste en ser juez y parte, tal vez porque ambos blogueros seamos canarios.
No me hagáis caso, he dicho una tontería, Teddy Bautista también es canario y no comparto ningún punto de vista con dicho señor. Bueno, al grano:
Manuel Almeida analiza perfectamente en su post las enmiendas que aporta la SGAE a la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, y son tan disparatadas que de aprobarse sería como si la Liga Profesional de Fútbol planteara que puede cerrar una web porque el contenido de la misma puede ofender o perjudicar a los intereses económicos de un club de fútbol.
Acatar los planteamientos de la SGAE sería lo mismo que aceptar que dicha Entidad tuviera en la calle su propio Servicio Seguridad y pudiera detener -y poner en cuarentena- a cualquier ciudadano que desde su punto de vista atentara contra el Derecho de Autor.
La estrategia de la SGAE es clara. Si una mayoría del Gobierno hiciera suyas las declaraciones de Joan Clos, Ministro de Industria -”las descargas por Internet están creciendo muchísimo y es prácticamente imposible regularlo de manera eficiente”-, la SGAE tendría algo de qué preocuparse; sobre todo si es el Ministerio de Industria quien al final regula el canon digital, posiblemente con unas cifras muy por debajo de las espectativas de la gestora de derechos.
Así, la SGAE pide todo el reino para ella, para que al final le concedan un marquesado. Sus propuestas son tan disparatadas, tan alejadas de la realidad que parecería que estamos escuchando la voz de una tribu urbana algo heavy, o de una tribu virtual perdida en las infinitas pantallas.
La SGAE lo pide todo, para que al final le den mucho. Esa es la estrategia de la Patronal de los Autores, y contra esa campaña orquestada desde la idea de que cultura=dinero habrá que seguir luchando. No se lucha sólo, como dicen ellos, para descargarlo todo gratis desde la p2p; luchamos para que en internet se apliquen los mismos criterios de garantía de derechos constitucionales que tenemos en la vida ‘real’.
Eso, como mínimo.